¿Quién me informa de mis obligaciones?

La Administración gestiona, pero no realiza trabajos arqueológicos y cumple la doble función informativa y ejecutiva. En cuanto a la función informativa, en las más de tres décadas que lleva evolucionando el sistema podemos distinguir tres vías a través de las que un promotor conoce sus obligaciones en materia patrimonial.

  • Las Consejerías de Cultura.
  • Los Ayuntamientos.
  • La Consejería de Medio Ambiente.

 

Las Comunidades Autónomas ejercen sus competencias a través de la Consejería de Cultura y sus delegaciones territoriales en el caso de las Comunidades multiprovinciales. La Consejería de Cultura es la responsable de la realización de los distintos inventarios patrimoniales que están en la base la aplicación de los distintos grados de protección de sus elementos constituyentes. Una vez realizadas las consultas iniciales por el promotor o agente delegado, es la Consejería la responsable de establecer las condiciones particulares que regirán para los diferentes proyectos, así como de autorizar los trabajos pertinentes a cargo del profesional correspondiente. En este caso hay que resaltar el hecho de que la responsabilidad de realizar los estudios y los trabajos incluidos en la resolución es de manera directa el promotor del proyecto, siendo el arqueólogo un mero intermediador técnico para su ejecución en el cual han delegado los servicios técnicos de la Administración.

 

Los ayuntamientos ejercen sus competencias en el ámbito informativo y de control a través de las licencias de obra. El inventario general de bienes de un municipio queda recogido en la Carta Arqueológica (también denominados recientemente Inventarios Culturales), documento que se incorpora a las Normas Municipales de Planeamiento y relaciona los elementos particulares y Zonas Arqueológicas objeto de protección. En determinadas circunstancias los ayuntamientos disponen entre sus medios técnicos la figura del arqueólogo municipal, figura mixta entre la Administración y la práctica independiente de la profesión ya que es el encargado de aplicar las ordenanzas municipales en materia de Patrimonio Histórico y de dar traslado de los expedientes a la Consejería de Cultura, así como de acometer diversos trabajos de manera remunerada o bien de oficio. Así mismo, el arqueólogo municipal puede incorporarse a la estructura de determinados ayuntamientos que constituyan Consorcios especialmente en poblaciones y ciudades catalogadas como monumentales.

 

La legislación medioambiental es una tercera fuente de gestión del Patrimonio Arqueológico mediante los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que son preceptivos para determinada tipología de proyectos y que pueden incluir medidas particulares en materia de Patrimonio Histórico. Las competencias y la función informativa provienen de las Consejerías de Medio Ambiente.